Hablar de pena de muerte en Argentina despierta emociones encontradas, algo absolutamente lógico por comprometer un tema tan sensible como la definición y el cumplimiento de los derechos humanos. Si bien Argentina no puede aplicar la pena de muerte por haber adherido en 1994 al Pacto de San José de Costa Rica, sigue siendo un tema fértil para el debate cada vez que surge un caso criminal que conmueve a la opinión pública.
Ojo por ojo, y todos ciegos
La idea de la pena de muerte es profundamente controvertida, en gran parte por encerrar la contradicción de ser veneno y antídoto al mismo tiempo. Quien la defiende, justifica una acción que a su vez condena; no se debe, en principio, sancionar un crimen con otro. La pregunta crucial es: ¿castigar a un criminal quitándole la vida, es aplicar justicia? Es decir, ¿la culpabilidad comprobada puede dar vía libre a la ejecución de seres humanos? Las respuestas variarán en relación con el código penal de cada país; pero si nos referimos a cuestiones más metafísicas o filosóficas como la ética, la igualdad y los valores religiosos, el panorama se vuelve menos claro.
Que conste en actas
El 2008 fue un año clave para la resolución de esta problemática en Argentina: la Cámara de Senadores desestimó la última posibilidad de aplicar la pena de muerte como medida condenatoria. Al ser eliminada del Código de Justicia Militar, ya no podía utilizarse en los delitos que se cometieran dentro del fuero castrense. Este hecho estuvo en sintonía con la postura opositora a la pena capital por parte de la Convención Americana de Derechos Humanos incorporada a la Constitución Nacional desde la reforma de 1994. Para formalizar este giro histórico en las leyes argentinas, se realizaron modificaciones a varios artículos del Código Penal y del Código Procesal Penal. Entre los más importantes, los efectivos de las Fuerzas Armadas ya no podían ser juzgados por sus “pares” (como disponía el código aprobado de 1951) sino por la Justicia Federal ordinaria.
Ejecución sin límites
Hacia 2013, según Amnistía Internacional, aún 22 países contaban con el amparo de la ley para esta práctica, entre los cuales se encuentran Estados Unidos, Guatemala, Arabia Saudí, China, Irak e Irán. Se estima que la intervención de esa organización en la eliminación de esta pena tuvo un rol fundamental en más de 135 países.
Mientras se sigue avanzando en la lucha por la abolición total de la pena de muerte en el mundo, cabe otra reflexión, también ligada a ejecución entre seres humanos: ¿cómo evitar que algunos Estados sigan fomentando masacres indiscriminadas, enmarcadas en conflictos bélicos con fines político-económicos? Un interrogante que, a pesar del paso de los siglos, sigue sin respuesta.
